Crean un amplio frente común contra la privatización de servicios, en Progreso

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PROGRESO.- Ante los planes del alcalde José Cortés Góngora de privatizar el agua potable y la recolección de basura, locatarios, recolectores de basura, trabajadores del agua potable y la CROC formaron un frente común para oponerse a esos proyectos, que sólo dañarán la economía de los progreseños, pero que seguramente le llenarán los bolsillos al alcalde, dijo uno de los inconformes.

El viernes en la noche, en el café El Cordobés, ubicado en el centro de la ciudad, se reunieron los dirigentes de los recolectores de basura representados por Antonio Canul Pérez, Francisco Rosel Rodríguez y Manuel Sánchez Novelo; Katy García Marrufo, secretaria general del sindicato del Agua Potable; Frank García Gómez, presidente de la Unión de Locatarios del mercado municipal y Javier Góngora Domani, líder municipal de la CROC.

-No a la privatización del agua potable y de la recolección de basura –expresaron los dirigentes al integrar un frente común para luchar contra los planes municipales de concesionar esos dos servicios públicos.

En la reunión, los dirigentes sindicales expresaron su oposición a la privatización de la recolección de basura, ya que consideran que el Ayuntamiento debería de apoyar a los recolectores para mejorar las unidades que utilizan, no competir con ellos dando servicio a los restaurantes del malecón que antes atendían los basureros.

Recordaron la amarga experiencia cuando en la administración de Enrique Magadán Villamil se concesionó el servicio a dos empresas privadas, Costa Limpia y Vantech, ya que las dos fracasaron y dejaron sucia la ciudad; debido a este mal antecedente no están de acuerdo en que se concesione por 20 años a una empresa foránea.

En cuanto al agua potable, Frank García expresó su total desacuerdo con la privatización, pues considera que la solución para mejorar el servicio no es la concesión, sino buscar otras alternativas para captar más ingresos, ver que paguen más usuarios. Dijo que los locatarios pagan $70 mensuales, pero el pago se triplicará el pago si se privatiza el agua.

Javier Góngora señaló que hay muchas familias que viven al día, que apenas tienen para comer y pagar el agua, de modo que si lo privatizan, numerosas personas se quedaran sin ese importante servicio; considera que no es una acertada decisión de la autoridad municipal.

Katy García expresó la preocupación de los trabajadores del agua potable que se quedarían sin trabajo, además de que el servicio se encarecería si se concesiona a una empresa privada, que de entrada va a tratar de recuperar su inversión lo más pronto posible.

Antonio Canul afirmó que el sindicato de Recolectores tiene la concesión para prestar el servicio hasta diciembre de 2018 y seguirán dándolo, pero el Ayuntamiento insiste en concesionarlo a una empresa foránea.

Los líderes sindicales acordaron reunirse de nuevo, invitar a dirigentes de otras agrupaciones para estar más unidos y evitar la privatización de la recolección de la basura y del agua potable. Dijeron que el agua potable se le puede devolver a la Japay y que sea el gobierno estatal quien preste el servicio.

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