PROGRESO. - Ciudadanos del municipio de Progreso y de todo el estado de Yucatán manifiestan preocupación y molestia por la situación del viaducto elevado que conecta la carretera Mérida–Progreso con la terminal remota del puerto de altura, obra ya concluida y probada pero que permanece cerrada debido a la intención de la empresa constructora de cobrar cuotas elevadas de peaje, señala el ingeniero Ricardo Mañé Lara.

Al opinar sobre la millonaria megaobra, señala que Los habitantes recuerdan que el proyecto fue presentado por autoridades municipales y estatales como una obra que resolvería el tránsito de carga pesada, aliviaría la circulación en la ciudad y beneficiaría directamente a la población.

El ingeniero Ricardo Mañe, quien conoce la problemática de Progreso, indica que sin embargo, hoy se confirma que el modelo fue diseñado para operar como un “fast track” concesionado, con el fin de que los inversionistas recuperen los aproximadamente mil quinientos millones de inversión privada.

“La ciudadanía no fue informada de que el acceso principal al puerto más importante de Yucatán se convertiría en un negocio privado”, señalan los habitantes, quienes consideran inaplicable e inaceptable cualquier peaje obligatorio en un acceso portuario estratégico.

De acuerdo con especialistas, aunque la obra haya sido financiada con capital privado, el acceso a un puerto federal no puede privatizarse, ni concesionarse sin supervisión federal ni condicionarse al pago de tarifas, ya que ello vulnera el derecho constitucional al libre tránsito y encarece la operación logística del estado.

El ingeniero Mañé Lara, precisa que los ciudadanos exigen:

•Apertura inmediata del viaducto sin peaje, al menos de manera provisional.

•Transparencia total de la concesión: estudios de aforo, dictámenes técnicos, modelos financieros y autorizaciones.

•Intervención de ASIPONA, SICT y Secretaría de Marina para revisar la legalidad del proyecto.

•Evaluar la federalización u operación pública del viaducto.

El cierre del nuevo puente mantiene la carga pesada circulando dentro del municipio, afectando la movilidad, la seguridad y la economía local, además de incrementar el desgaste del puente actual.

“Esto no puede convertirse en un precedente”, apuntan los ciudadanos. Yucatán necesita infraestructura pública estratégica, no mecanismos de cobro disfrazados de obras de beneficio social”.

La petición concluye con un llamado a las autoridades para recuperar la confianza pública, garantizar el libre tránsito y asegurar que el futuro de Progreso se construya con transparencia y en beneficio del estado, no de intereses particulares.